EL PAGO POR USO DE LAS AUTOVÍAS VUELVE A LA AGENDA DEL GOBIERNO
El pago por uso de las autovías vuelve a la agenda del Gobierno y, aunque los plazos para una hipotética tarificación de estas infraestructuras no se vislumbra antes de 2024 en ningún caso, la nueva Ministra de Transportes quiere retomar la búsqueda de un sistema de pago por uso de las autovias libres de pago en busca de un sistema más equilibrado y más justo, pero aún sin concretar.
Nada más acabar el verano la política retoma su actividad frenética. Así, en lo que al sector del transporte por carretera se refiere, septiembre va a empezar con la eliminación de los tramos de peaje de las autopistas AO-7 y ap-2, liberando cerca de 500 kilómetros. Como contrapunto a esta medida, la nueva ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, retomará en el inicio del curso político el debate sobre el plan remitido por el Gobierno a Bruselas la pasada primavera para el cobro por el uso de las autovías, hasta ahora gratuitas, a partir de 2024.
Con la salida de Jose Luis Ábalos del Ministerio de Transportes, parecía que el espinoso tema de la financiación de las infraestructuras de transporte, en especial de las vías de alta capacidad, iba a beneficiarse de un respiro momentáneo... pero no ha sido así.
Como se recordará, tras las criticas recibidas antes del verano, cuando el anterior ministro de Transportes defendió el plan enviado a Bruselas que cosechó la negativa tanto de sus socios políticos como de sectores industriales claves, entre ellos el transporte por carretera, Jose Luis Ábalos moduló la propuesta, asegurando que no se implantaría ese modelo de pago ante la ausencia del consenso. Así, mientras el calendario remitido a Bruselas preveía que el texto se elevara en el primer semestre de 2021 al Consejo de Ministros para una primera lectura, el responsable de Transportes, retrasó su implantación "nunca antes de 2024" y supeditada a alcanzar un consenso político mayoritario, así como un acuerdo con el secor de transporte por carretera.
SE DA POR HECHO
Durante la comisión de Transportes del Congreso de los diputados, la ministra de Transportes ha defendido la decisión del Gobierno de implantar pejaes en la red viaria española, argumentando que estados miembros de la Unión Europea tienen implementando un sistema de pago por uso. Aunque Sánchez ha admitido que habrá que "entrar a analizar cuál será la forma más idónea" para el cobro, ha dado por hecho que su implantación deberá producirse "en los próximos meses" para que quede implantado antes de 2024.
"Estamos trabajando en una propuesta de tarificación de la red de carreteras de alta capacidad del Estado, basada en el principio de equidad territorial, seguridad vial y sostenibilidad ambiental, que será sometida a un diálogo transparente con los grupos políticos, agentes sociales, también con las administraciones como ya hemos indicado en múltiples ocasiones, y administraciones competentes". Una propuesta que deberá definir con más detalle su implementación en lo relativo a plazos, carreteras, y demás cuestiones, que hasta ahora se desconocen por completo.
"Tenemos que ser conscientes de que, por un lado, tenemos un importante déficit de inversiones en mantenimiento de la red de carreteras generado a lo largo de la última década, el cual ha venido acompañado de un notable incremento de la Red en los últimos años y nuevos kilómetros de infraestructuras puestos en servicio" ha dicho la ministra, que ha añadido que pese a que "estamos tomando varias medidas para intentar compensar estos desequilibrios (...) esta situación no es sostenible a medio plazo. Necesitamos recursos para poder mantener unos etándares adecuados de calidad de nuestras carreteras. Además, tenemos que responder al criterio europeo de "quien contamina paga".
Sánchez ha citado entre las medidas que ya ha tomado que no han prorrogado los contratos concesionales de los más de 1.000 km de autopistas que han vencido en estos tres años, al tiempo que han inyectado recursos en rebajar los peajes vertebradores de una comunidad, como en la AP-9 de Galicia, que desde el 29 de julio disfruta de unas bonificaciones históricas. "No solo no se han prorrogado concesiones-afirma la ministra- sino que se han incrementado un 72% las dotaciones para reducir peajes de concesiones vigentes".
MENSAJE PARA EUROPA
Dando por hecho que al final se avanzará hacia la tarificación de las infraestructuras viarias, desde el Gobierno no dejan de lanzar el mensaje de que se trata articular un modelo de pago por uso que encuentre el máximo consenso posible entre las fuerzas y los agentes sociales.
Desde el departamento de Transportes insisten en que, además de buscar un modelo más justo y equilibrado serviría, por un lado "para lanzar un mensaje a Bruselas de control de gasto público", ahora que la deuda pública española parece desbocada y con un déficit sin aparente control, al que la inminente liberación de los tramos de peaje sólo vendrá a sumar gasto. Además, Raquel Sánchez, también ha querdio poner sobre la mesa del hecho de que España sea uno de los países de Europa con menor porcentaje de red de carreteras de pago de Europa, un 15%.
LA OTRA CARA DE LOS PEAJES
Mientras por un lad, cada día está más claro que avanzaremos hacia un sistema de tarificación por uso de las infraestructuras, por otro, el Gobierno ha seguido avanzando en la liberación de las autopistas de peaje que han alcanzado el final de su concesión a las empresas que les han venido explotando.
En esta ocaión, a partir de septiembre el Gobierno ha liberado en total 477 kilómetros de autopista de peaje. En concreto, 262 kilómetros de la AP-7 y 215 kilómetros de la AP-2 pasarán a ser gratuitos, tras concesiones de entre 47 y 55 años a las que se llegaron tras sucesivas prórrogas de hasta 26 años.
En el caso de Cataluña, las liberaciones suponen la total eliminación de los peajes de Red de Carreteras del Estado de Cataluña, teniendo en cuenta que en 2018 era la comunidad que mayor porcentaje de kilómetros de pago, con un 52%.
Mientras en Aragón, la liberación de los 102 kilómetros de AP-2 sipone un ahorro de 90 millones de euros anuales, se reduce el número de kilómetros de vías de peaje de un 19% a un 6% con respecto al total de vías de alta capacidad en esta Comunidad Autónoma donde, a partit de mañana, será un 76% más barato para el usuario.
